Editorial: Tortura: el gobierno contra la ONU

Written By ichan adiya on Jumat, 03 April 2015 | 14.07

E

n una extensa misiva pública dirigida ayer a Jorge Lomónaco, representante del gobierno mexicano ante los organismos internacionales en Ginebra, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, replicó a las críticas que ha recibido por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Antonio Meade Kuribreña; del subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, y del propio Lomónaco, por el informe que presentó a principios del mes pasado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual asentaba la persistencia de prácticas generalizadas de tortura en nuestro país cometidas por fuerzas policiales y ministeriales de todos los niveles de gobierno y de las fuerzas armadas.

Tras rechazar las descalificaciones personales en su contra vertidas por los funcionarios –Gómez Robledo tildó de poco profesional y poco ético su trabajo y lo acusó de querer quedar bien con los gobiernos–, el funcionario internacional realizó una amplia exposición de los casos, metodología y procedimientos en los que se basó para llegar a la conclusión que tanto malestar ha causado en las esferas gubernamentales y refutó uno por uno los cuestionamientos de éstas al informe en cuestión. Aun más preocupante, Méndez reveló, sin ofrecer detalles, que en su más reciente visita a México recibió presiones para que cambiara de parecer.

En la forma, en el fondo y en las implicaciones a futuro, la embestida del gobierno mexicano contra un relator de la ONU constituye un error gravísimo. Es deplorable e inaceptable, para empezar, que la cancillería encabezada por Meade Kuribreña haya actuado a contrapelo de los protocolos, las maneras y el lenguaje que la diplomacia mexicana dominó con maestría, al menos hasta la llegada de Vicente Fox a la Presidencia. Las altisonancias y la incontinencia verbal de Gómez Robledo, aplaudida por Meade, parecieran confirmar que desde entonces sigue sin recuperarse el sentido de la política exterior como instrumento fundamental del Estado.

El virulento alegato en contra de un relator de la ONU expone, magnificada, la actitud gubernamental ya exhibida en meses pasados ante el Comité Especial de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada, y coloca a la actual administración en una alarmante ruta de aislamiento y descrédito en el terreno internacional.

Por desgracia, el diferendo no se queda sólo en las formas, sino que atañe a algo más profundo y grave: la renuencia de la actual administración a reconocer la situación de desastre en que se encuentran muchos de los ámbitos de la vida del país, empezando por el estado de derecho, en cuyo contexto nacional tiene fuerza vinculante la Convención contra la Tortura, adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1984, ratificada por México en enero de 1986 y vigente en su territorio desde junio del año siguiente.

En términos generales, la participación de organismos multilaterales en la fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos por los gobiernos es, en el presente, una premisa fundamental para el cumplimiento de la legalidad internacional; resulta, además, particularmente pertinente en casos como el de México, donde los atropellos a tales derechos se incrementan en forma sostenida, sin que las autoridades nacionales hayan sido capaces, hasta ahora, de revertir esa tendencia ni de hacer frente a la extendida y generalizada impunidad.

Para finalizar, cabe preguntarse por las razones que llevaron a la Cancillería a enzarzarse en un alegato tan insostenible, habida cuenta de que lo expresado por el relator de la ONU en su informe, por lacerante que resulte, no es ningún descubrimiento: en el pasado reciente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha formulado observaciones similares a las de Méndez, éste ya se había referido, en mayo del año pasado, a la prevalencia de tortura generalizada en el país, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, elaborado por el propio gobierno peñista, reconoce la gravedad de este tema recurrente, que ha sido señalado con insistencia y alarma, además, por organismos internacionales como Amnistía Internacional y por diversas organizaciones no gubernamentales del país.


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